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Obras por Impuestos: el problema del Peru no es solo cuanto gastamos, sino cuanto logramos ejecutar.
📅 08 September 2026
💰 ¿De qué sirve tener miles de millones disponibles si el Estado no consigue convertirlos oportunamente en colegios, hospitales, agua, carreteras, seguridad o mejores servicios?
En el Perú seguimos confundiendo muchas veces **presupuesto con capacidad de gestión**. Y allí Obras por Impuestos puede hacer una enorme diferencia.
En este artículo analizo por qué considero que debemos potenciar mucho más las #ObrasPorImpuestos y, ahora también, los #ServiciosPorImpuestos: permiten adelantar inversión, incorporar capacidad técnica y gerencial privada, acelerar el cierre de brechas y reducir determinados espacios de ineficiencia y corrupción.
Pero hago también una precisión necesaria: **OxI no es dinero gratis, no es privatizar el Estado y tampoco es una vacuna mágica contra la corrupción.** Es una herramienta. Y bien utilizada puede ser extraordinariamente potente.
¿Estamos aprovechándola suficientemente?
Los leo en comentarios. 👇
@PROINVERSIÓN @Ministerio de Economía y Finanzas del Perú @Presidencia del Consejo de Ministros del Perú
#OxI #InversiónPública #GestiónPública #Infraestructura #ServiciosPúblicos #InversiónPrivada #Economía #Perú #Desarrollo #Descentralización #PolíticasPúblicas
ARTICULO:
Hay una pregunta que deberíamos hacernos cada vez que se aprueba un presupuesto público:
¿De qué sirve asignar más dinero si después el Estado no tiene suficiente capacidad para convertirlo oportunamente en infraestructura y servicios para la ciudadanía?
El Perú ha demostrado durante años que disponer de recursos y tener capacidad para ejecutarlos eficientemente son dos cosas completamente distintas.
Podemos tener presupuesto para colegios, hospitales, carreteras, agua y saneamiento, seguridad ciudadana o infraestructura productiva y, al mismo tiempo, mantener durante años esas mismas necesidades insatisfechas.
Por eso considero que el debate sobre Obras por Impuestos (OxI) debería superar las posiciones ideológicas y concentrarse en algo mucho más concreto: resultados.
Y el nuevo marco aprobado en 2026 hace todavía más interesante esta discusión porque ya no debemos pensar solamente en “obras”. El mecanismo permite desarrollar inversiones, actividades de operación y mantenimiento, servicios y determinadas intervenciones adicionales.
Estamos, en realidad, ante una herramienta que puede ayudar a transformar capacidad fiscal futura en infraestructura y servicios públicos presentes.
Primero: ¿qué son realmente las Obras por Impuestos?
El mecanismo nació con la Ley N.º 29230 y actualmente se encuentra desarrollado por su nuevo Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 038-2026-EF.
La definición normativa es particularmente importante: las Obras por Impuestos constituyen una modalidad de ejecución pública de administración indirecta con participación del sector privado.
Es decir, la necesidad sigue siendo pública, la priorización corresponde al Estado y el objetivo continúa siendo cerrar brechas públicas.
Lo que cambia es la forma de ejecutar.
Una empresa privada financia y ejecuta una intervención previamente priorizada. Luego, conforme se cumplen las condiciones establecidas legalmente y existe conformidad respecto de lo ejecutado, recibe los correspondientes Certificados de Inversión Pública Regional y Local —CIPRL— o del Gobierno Nacional —CIPGN—.
Estos certificados pueden utilizarse, entre otros fines establecidos legalmente, para atender pagos a cuenta y regularización del Impuesto a la Renta, sujetos a los límites correspondientes.
Por ello, me parece importante derribar dos afirmaciones que aparecen recurrentemente cuando se discute el mecanismo:
OxI no significa regalar impuestos a las empresas.
Y tampoco significa que la empresa privada haya sustituido al Estado para decidir las políticas públicas. La empresa adelanta recursos y capacidad ejecutora. El Estado reconoce posteriormente la inversión bajo las reglas establecidas.
El MEF señala que los CIPRL y CIPGN pueden utilizarse para pagos a cuenta y regularización del Impuesto a la Renta hasta por el 50 % del impuesto declarado en el ejercicio anterior.
El verdadero problema: presupuesto no significa ejecución
Este es, a mi juicio, el punto central.
Durante demasiado tiempo hemos medido la fortaleza de las políticas públicas preguntando cuánto presupuesto se asignó. Pero la verdadera pregunta debería ser:
¿Cuánto de ese presupuesto terminó convertido, a tiempo, con calidad y a un costo razonable, en beneficios concretos para la población?
Supongamos que un gobierno regional dispone de capacidad financiera para desarrollar diez proyectos importantes, pero su estructura administrativa solamente puede formular, contratar, supervisar y ejecutar razonablemente tres.
El cuello de botella ya no es el dinero. Es la capacidad de gestión.
Podemos aumentarle el presupuesto, pero si no aumentamos proporcionalmente su capacidad ejecutora, probablemente terminaremos nuevamente con retrasos, modificaciones presupuestarias, saldos no ejecutados y población esperando.
OxI introduce una alternativa: aprovechar también la capacidad financiera, técnica, administrativa y gerencial del sector privado.
No para sustituir al Estado, sino para ampliar su capacidad efectiva de producir resultados.
Las cifras demuestran que ya no estamos hablando de un mecanismo marginal
Los números de 2026 permiten dimensionarlo.
PROINVERSIÓN informó que los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas disponen para 2026 de un Tope Máximo de Capacidad Anual de aproximadamente S/ 69 096 millones para desarrollar intervenciones mediante Obras por Impuestos.
De ese monto, aproximadamente S/ 34 401 millones corresponden a gobiernos regionales, S/ 33 178 millones a gobiernos locales y S/ 1 518 millones a universidades públicas. Pero quizá sea todavía más interesante observar qué está ocurriendo con las adjudicaciones.
Entre enero y julio de 2026 se adjudicaron 438 intervenciones por más de S/ 6 700 millones, según la información difundida por PROINVERSIÓN y los registros estadísticos disponibles del MEF con corte al 31 de julio.
Además, PROINVERSIÓN viene promoviendo una cartera de 694 intervenciones por S/ 19 593 millones, que comprende salud, vías urbanas, riego, carreteras, educación, saneamiento, seguridad y otros sectores.
Esto ya no puede observarse como una experiencia experimental. OxI se ha convertido en una herramienta relevante de política de inversión pública.
2026 introduce un cambio que debemos mirar con atención: ya no se trata únicamente de construir
El nuevo Reglamento aprobado mediante el D.S. N.º 038-2026-EF amplía considerablemente el horizonte del mecanismo.
Ahora permite desarrollar:
proyectos de inversión e IOARR;
actividades de operación y mantenimiento;
servicios;
y actividades de construcción de viviendas rurales, entre otras intervenciones previstas normativamente.
En materia de servicios, el Reglamento permite determinadas intervenciones en salud, educación y saneamiento, especialmente vinculadas con zonas rurales, de frontera o de emergencia. También se han incorporado posibilidades relacionadas con instrumentos de planificación territorial.
Esta evolución me parece especialmente relevante.
Porque uno de los grandes errores de la administración pública latinoamericana ha sido pensar que el objetivo termina cuando se inaugura la infraestructura.
Una infraestructura sin operación, mantenimiento ni capacidad para prestar adecuadamente el servicio puede convertirse simplemente en otro activo público deteriorándose.
El ciudadano no necesita únicamente un hospital construido.
Necesita un hospital funcionando.
No necesita solamente una carretera terminada.
Necesita una carretera mantenida.
No necesita únicamente una infraestructura de agua.
Necesita agua efectivamente llegando a su vivienda.
Por eso hablar hoy de Obras y Servicios por Impuestos describe mejor el potencial que está adquiriendo el mecanismo.
¿OxI reduce la corrupción?
Aquí debemos ser rigurosos, afirmar que Obras por Impuestos “elimina la corrupción” sería incorrecto.
Ningún mecanismo contractual o presupuestario elimina por sí mismo la corrupción.
Pero OxI sí puede reducir determinados espacios de riesgo existentes en la ejecución tradicional.
¿Por qué?, porque modifica los incentivos.
La empresa privada compromete recursos propios y tiene interés en que la intervención avance, obtenga las conformidades correspondientes y pueda producirse el reconocimiento de lo invertido.
Una obra paralizada no solamente perjudica al Estado y al ciudadano. También inmoviliza recursos privados.
Ese incentivo económico puede contribuir a generar mayor presión por cumplimiento de plazos, solución de problemas técnicos y adecuada culminación.
Además, el esquema incorpora supervisión, trazabilidad, procedimientos de conformidad y participación de los organismos de control.
Pero debemos evitar caer en triunfalismos, los riesgos siguen existiendo.
Pueden aparecer en:
la selección y priorización de intervenciones;
la elaboración de estudios y expedientes técnicos;
la determinación de costos;
las modificaciones del convenio;
los adicionales;
la supervisión;
la recepción;
o el reconocimiento de mayores inversiones.
Por eso OxI necesita expedientes técnicamente sólidos, competencia, transparencia, control concurrente y responsabilidades claramente identificadas.
La conclusión correcta no es que OxI sea inmune a la corrupción.
La conclusión es que, adecuadamente diseñado y controlado, puede reducir determinados espacios de discrecionalidad, generar mayor trazabilidad e introducir incentivos adicionales para culminar correctamente las intervenciones.
Una diferencia fundamental: aquí el privado también tiene algo que perder
Hay otra variable que muchas veces dejamos fuera del análisis: la reputación empresarial.
Cuando una compañía importante vincula su nombre con un colegio, hospital, vía, sistema de agua o proyecto de seguridad pública, existe también un incentivo reputacional para que esa intervención funcione.
Una obra abandonada puede convertirse en un problema político para una autoridad.
Pero cuando existe participación empresarial visible, también puede convertirse en un problema reputacional para la compañía.
No debemos idealizar este incentivo, pero tampoco deberíamos ignorarlo.
Cuando ambas partes tienen algo que perder si el proyecto fracasa, los incentivos para conseguir resultados pueden alinearse mejor.
Tampoco debemos convertir OxI en una excusa para abandonar la reforma del Estado
Aquí introduciría una advertencia.
Potenciar Obras por Impuestos no puede significar resignarnos a que las entidades públicas sean incapaces de ejecutar inversión.
Ese sería un grave error, el Perú necesita simultáneamente:
fortalecer sus gobiernos regionales y municipales;
profesionalizar la gestión pública;
mejorar Invierte.pe;
desarrollar mejores expedientes técnicos;
reducir la rotación de funcionarios;
digitalizar procedimientos;
fortalecer el control concurrente;
y construir verdadera capacidad institucional.
OxI debe ser un instrumento complementario para aumentar nuestra capacidad de producir resultados, no una justificación para mantener un Estado ineficiente.
El debate debería dejar de ser “Estado versus empresa privada”
Quizá este sea el cambio conceptual más importante.
Cada vez que proponemos colaboración público-privada, aparece rápidamente una discusión ideológica sobre si determinadas actividades deben realizarlas el Estado o la empresa.
Creo que esa discusión está mal planteada.
La pregunta debería ser:
¿Qué combinación de capacidades permite ofrecer al ciudadano el mejor resultado, con transparencia, calidad, oportunidad y un costo razonable?
El Estado tiene funciones que no puede ni debe abandonar: establecer prioridades, definir políticas públicas, regular, supervisar, controlar y garantizar derechos.
Pero de allí no se desprende que deba ejecutar directamente cada actividad cuando existe capacidad privada que puede ayudar a conseguir mejores resultados.
La colaboración público-privada bien diseñada no debilita necesariamente al Estado.
Puede hacerlo más efectivo.
De ejecutar presupuesto a generar valor público
En el fondo, Obras por Impuestos nos obliga a replantear cómo medimos la gestión pública.
Un alcalde, gobernador o ministro no debería ser evaluado exclusivamente porque recibió determinado presupuesto ni siquiera porque alcanzó un elevado porcentaje de ejecución.
Podemos ejecutar mal el 100 % de un presupuesto, podemos gastar muchísimo y resolver muy poco.
El verdadero indicador debería ser valor público generado.
¿Cuántas personas recibieron agua?
¿Cuántos niños estudian ahora en mejores condiciones?
¿Cuánto disminuyó el tiempo de traslado?
¿Cuántos establecimientos de salud funcionan adecuadamente?
¿Cuánto disminuyó determinada brecha?
¿Cuánto costó conseguir ese resultado?
Y, sobre todo:
¿la inversión continúa produciendo beneficios varios años después de su inauguración?
Ese debería ser el centro de la discusión.
Conclusión: no necesitamos solamente gastar más; necesitamos gastar mejor y más rápido
El Perú todavía tiene enormes brechas de infraestructura y servicios.
Frente a ellas podemos continuar haciendo lo mismo: aprobar mayores presupuestos, celebrar anuncios de inversión y después discutir por qué los proyectos tardaron cinco, ocho o diez años.
O podemos aprovechar todos los mecanismos disponibles para mejorar nuestra capacidad de ejecución.
Considero que Obras y Servicios por Impuestos debe ocupar un lugar mucho más importante dentro de esa estrategia.
No porque la empresa privada sea intrínsecamente mejor que el Estado, tampoco porque el mecanismo sea perfecto.
Sino porque permite combinar capacidad fiscal pública con recursos, conocimiento técnico, organización y capacidad ejecutora privada para intentar conseguir algo que debería parecernos bastante elemental: que las necesidades de la población se conviertan más rápidamente en soluciones.
El Estado debe determinar qué necesita el país y garantizar que el interés público prevalezca.
Pero renunciar a la capacidad privada cuando esta puede contribuir a ejecutar mejor, más rápido y con mayores incentivos de cumplimiento simplemente no parece razonable.
Tenemos una capacidad OxI cercana a S/ 69 mil millones.
Por tanto, quizá la pregunta que deberíamos plantearnos ya no sea si Obras por Impuestos funciona.
La pregunta debería ser:
¿por qué no la estamos aprovechando todavía mucho más?
✍️ Mg. Ermo Mac Dowall Muñoz Tributarista, Especialista en Contabilidad, Finanzas y Fiscalidad Internacional.
En el Perú seguimos confundiendo muchas veces **presupuesto con capacidad de gestión**. Y allí Obras por Impuestos puede hacer una enorme diferencia.
En este artículo analizo por qué considero que debemos potenciar mucho más las #ObrasPorImpuestos y, ahora también, los #ServiciosPorImpuestos: permiten adelantar inversión, incorporar capacidad técnica y gerencial privada, acelerar el cierre de brechas y reducir determinados espacios de ineficiencia y corrupción.
Pero hago también una precisión necesaria: **OxI no es dinero gratis, no es privatizar el Estado y tampoco es una vacuna mágica contra la corrupción.** Es una herramienta. Y bien utilizada puede ser extraordinariamente potente.
¿Estamos aprovechándola suficientemente?
Los leo en comentarios. 👇
@PROINVERSIÓN @Ministerio de Economía y Finanzas del Perú @Presidencia del Consejo de Ministros del Perú
#OxI #InversiónPública #GestiónPública #Infraestructura #ServiciosPúblicos #InversiónPrivada #Economía #Perú #Desarrollo #Descentralización #PolíticasPúblicas
ARTICULO:
Hay una pregunta que deberíamos hacernos cada vez que se aprueba un presupuesto público:
¿De qué sirve asignar más dinero si después el Estado no tiene suficiente capacidad para convertirlo oportunamente en infraestructura y servicios para la ciudadanía?
El Perú ha demostrado durante años que disponer de recursos y tener capacidad para ejecutarlos eficientemente son dos cosas completamente distintas.
Podemos tener presupuesto para colegios, hospitales, carreteras, agua y saneamiento, seguridad ciudadana o infraestructura productiva y, al mismo tiempo, mantener durante años esas mismas necesidades insatisfechas.
Por eso considero que el debate sobre Obras por Impuestos (OxI) debería superar las posiciones ideológicas y concentrarse en algo mucho más concreto: resultados.
Y el nuevo marco aprobado en 2026 hace todavía más interesante esta discusión porque ya no debemos pensar solamente en “obras”. El mecanismo permite desarrollar inversiones, actividades de operación y mantenimiento, servicios y determinadas intervenciones adicionales.
Estamos, en realidad, ante una herramienta que puede ayudar a transformar capacidad fiscal futura en infraestructura y servicios públicos presentes.
Primero: ¿qué son realmente las Obras por Impuestos?
El mecanismo nació con la Ley N.º 29230 y actualmente se encuentra desarrollado por su nuevo Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 038-2026-EF.
La definición normativa es particularmente importante: las Obras por Impuestos constituyen una modalidad de ejecución pública de administración indirecta con participación del sector privado.
Es decir, la necesidad sigue siendo pública, la priorización corresponde al Estado y el objetivo continúa siendo cerrar brechas públicas.
Lo que cambia es la forma de ejecutar.
Una empresa privada financia y ejecuta una intervención previamente priorizada. Luego, conforme se cumplen las condiciones establecidas legalmente y existe conformidad respecto de lo ejecutado, recibe los correspondientes Certificados de Inversión Pública Regional y Local —CIPRL— o del Gobierno Nacional —CIPGN—.
Estos certificados pueden utilizarse, entre otros fines establecidos legalmente, para atender pagos a cuenta y regularización del Impuesto a la Renta, sujetos a los límites correspondientes.
Por ello, me parece importante derribar dos afirmaciones que aparecen recurrentemente cuando se discute el mecanismo:
OxI no significa regalar impuestos a las empresas.
Y tampoco significa que la empresa privada haya sustituido al Estado para decidir las políticas públicas. La empresa adelanta recursos y capacidad ejecutora. El Estado reconoce posteriormente la inversión bajo las reglas establecidas.
El MEF señala que los CIPRL y CIPGN pueden utilizarse para pagos a cuenta y regularización del Impuesto a la Renta hasta por el 50 % del impuesto declarado en el ejercicio anterior.
El verdadero problema: presupuesto no significa ejecución
Este es, a mi juicio, el punto central.
Durante demasiado tiempo hemos medido la fortaleza de las políticas públicas preguntando cuánto presupuesto se asignó. Pero la verdadera pregunta debería ser:
¿Cuánto de ese presupuesto terminó convertido, a tiempo, con calidad y a un costo razonable, en beneficios concretos para la población?
Supongamos que un gobierno regional dispone de capacidad financiera para desarrollar diez proyectos importantes, pero su estructura administrativa solamente puede formular, contratar, supervisar y ejecutar razonablemente tres.
El cuello de botella ya no es el dinero. Es la capacidad de gestión.
Podemos aumentarle el presupuesto, pero si no aumentamos proporcionalmente su capacidad ejecutora, probablemente terminaremos nuevamente con retrasos, modificaciones presupuestarias, saldos no ejecutados y población esperando.
OxI introduce una alternativa: aprovechar también la capacidad financiera, técnica, administrativa y gerencial del sector privado.
No para sustituir al Estado, sino para ampliar su capacidad efectiva de producir resultados.
Las cifras demuestran que ya no estamos hablando de un mecanismo marginal
Los números de 2026 permiten dimensionarlo.
PROINVERSIÓN informó que los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas disponen para 2026 de un Tope Máximo de Capacidad Anual de aproximadamente S/ 69 096 millones para desarrollar intervenciones mediante Obras por Impuestos.
De ese monto, aproximadamente S/ 34 401 millones corresponden a gobiernos regionales, S/ 33 178 millones a gobiernos locales y S/ 1 518 millones a universidades públicas. Pero quizá sea todavía más interesante observar qué está ocurriendo con las adjudicaciones.
Entre enero y julio de 2026 se adjudicaron 438 intervenciones por más de S/ 6 700 millones, según la información difundida por PROINVERSIÓN y los registros estadísticos disponibles del MEF con corte al 31 de julio.
Además, PROINVERSIÓN viene promoviendo una cartera de 694 intervenciones por S/ 19 593 millones, que comprende salud, vías urbanas, riego, carreteras, educación, saneamiento, seguridad y otros sectores.
Esto ya no puede observarse como una experiencia experimental. OxI se ha convertido en una herramienta relevante de política de inversión pública.
2026 introduce un cambio que debemos mirar con atención: ya no se trata únicamente de construir
El nuevo Reglamento aprobado mediante el D.S. N.º 038-2026-EF amplía considerablemente el horizonte del mecanismo.
Ahora permite desarrollar:
proyectos de inversión e IOARR;
actividades de operación y mantenimiento;
servicios;
y actividades de construcción de viviendas rurales, entre otras intervenciones previstas normativamente.
En materia de servicios, el Reglamento permite determinadas intervenciones en salud, educación y saneamiento, especialmente vinculadas con zonas rurales, de frontera o de emergencia. También se han incorporado posibilidades relacionadas con instrumentos de planificación territorial.
Esta evolución me parece especialmente relevante.
Porque uno de los grandes errores de la administración pública latinoamericana ha sido pensar que el objetivo termina cuando se inaugura la infraestructura.
Una infraestructura sin operación, mantenimiento ni capacidad para prestar adecuadamente el servicio puede convertirse simplemente en otro activo público deteriorándose.
El ciudadano no necesita únicamente un hospital construido.
Necesita un hospital funcionando.
No necesita solamente una carretera terminada.
Necesita una carretera mantenida.
No necesita únicamente una infraestructura de agua.
Necesita agua efectivamente llegando a su vivienda.
Por eso hablar hoy de Obras y Servicios por Impuestos describe mejor el potencial que está adquiriendo el mecanismo.
¿OxI reduce la corrupción?
Aquí debemos ser rigurosos, afirmar que Obras por Impuestos “elimina la corrupción” sería incorrecto.
Ningún mecanismo contractual o presupuestario elimina por sí mismo la corrupción.
Pero OxI sí puede reducir determinados espacios de riesgo existentes en la ejecución tradicional.
¿Por qué?, porque modifica los incentivos.
La empresa privada compromete recursos propios y tiene interés en que la intervención avance, obtenga las conformidades correspondientes y pueda producirse el reconocimiento de lo invertido.
Una obra paralizada no solamente perjudica al Estado y al ciudadano. También inmoviliza recursos privados.
Ese incentivo económico puede contribuir a generar mayor presión por cumplimiento de plazos, solución de problemas técnicos y adecuada culminación.
Además, el esquema incorpora supervisión, trazabilidad, procedimientos de conformidad y participación de los organismos de control.
Pero debemos evitar caer en triunfalismos, los riesgos siguen existiendo.
Pueden aparecer en:
la selección y priorización de intervenciones;
la elaboración de estudios y expedientes técnicos;
la determinación de costos;
las modificaciones del convenio;
los adicionales;
la supervisión;
la recepción;
o el reconocimiento de mayores inversiones.
Por eso OxI necesita expedientes técnicamente sólidos, competencia, transparencia, control concurrente y responsabilidades claramente identificadas.
La conclusión correcta no es que OxI sea inmune a la corrupción.
La conclusión es que, adecuadamente diseñado y controlado, puede reducir determinados espacios de discrecionalidad, generar mayor trazabilidad e introducir incentivos adicionales para culminar correctamente las intervenciones.
Una diferencia fundamental: aquí el privado también tiene algo que perder
Hay otra variable que muchas veces dejamos fuera del análisis: la reputación empresarial.
Cuando una compañía importante vincula su nombre con un colegio, hospital, vía, sistema de agua o proyecto de seguridad pública, existe también un incentivo reputacional para que esa intervención funcione.
Una obra abandonada puede convertirse en un problema político para una autoridad.
Pero cuando existe participación empresarial visible, también puede convertirse en un problema reputacional para la compañía.
No debemos idealizar este incentivo, pero tampoco deberíamos ignorarlo.
Cuando ambas partes tienen algo que perder si el proyecto fracasa, los incentivos para conseguir resultados pueden alinearse mejor.
Tampoco debemos convertir OxI en una excusa para abandonar la reforma del Estado
Aquí introduciría una advertencia.
Potenciar Obras por Impuestos no puede significar resignarnos a que las entidades públicas sean incapaces de ejecutar inversión.
Ese sería un grave error, el Perú necesita simultáneamente:
fortalecer sus gobiernos regionales y municipales;
profesionalizar la gestión pública;
mejorar Invierte.pe;
desarrollar mejores expedientes técnicos;
reducir la rotación de funcionarios;
digitalizar procedimientos;
fortalecer el control concurrente;
y construir verdadera capacidad institucional.
OxI debe ser un instrumento complementario para aumentar nuestra capacidad de producir resultados, no una justificación para mantener un Estado ineficiente.
El debate debería dejar de ser “Estado versus empresa privada”
Quizá este sea el cambio conceptual más importante.
Cada vez que proponemos colaboración público-privada, aparece rápidamente una discusión ideológica sobre si determinadas actividades deben realizarlas el Estado o la empresa.
Creo que esa discusión está mal planteada.
La pregunta debería ser:
¿Qué combinación de capacidades permite ofrecer al ciudadano el mejor resultado, con transparencia, calidad, oportunidad y un costo razonable?
El Estado tiene funciones que no puede ni debe abandonar: establecer prioridades, definir políticas públicas, regular, supervisar, controlar y garantizar derechos.
Pero de allí no se desprende que deba ejecutar directamente cada actividad cuando existe capacidad privada que puede ayudar a conseguir mejores resultados.
La colaboración público-privada bien diseñada no debilita necesariamente al Estado.
Puede hacerlo más efectivo.
De ejecutar presupuesto a generar valor público
En el fondo, Obras por Impuestos nos obliga a replantear cómo medimos la gestión pública.
Un alcalde, gobernador o ministro no debería ser evaluado exclusivamente porque recibió determinado presupuesto ni siquiera porque alcanzó un elevado porcentaje de ejecución.
Podemos ejecutar mal el 100 % de un presupuesto, podemos gastar muchísimo y resolver muy poco.
El verdadero indicador debería ser valor público generado.
¿Cuántas personas recibieron agua?
¿Cuántos niños estudian ahora en mejores condiciones?
¿Cuánto disminuyó el tiempo de traslado?
¿Cuántos establecimientos de salud funcionan adecuadamente?
¿Cuánto disminuyó determinada brecha?
¿Cuánto costó conseguir ese resultado?
Y, sobre todo:
¿la inversión continúa produciendo beneficios varios años después de su inauguración?
Ese debería ser el centro de la discusión.
Conclusión: no necesitamos solamente gastar más; necesitamos gastar mejor y más rápido
El Perú todavía tiene enormes brechas de infraestructura y servicios.
Frente a ellas podemos continuar haciendo lo mismo: aprobar mayores presupuestos, celebrar anuncios de inversión y después discutir por qué los proyectos tardaron cinco, ocho o diez años.
O podemos aprovechar todos los mecanismos disponibles para mejorar nuestra capacidad de ejecución.
Considero que Obras y Servicios por Impuestos debe ocupar un lugar mucho más importante dentro de esa estrategia.
No porque la empresa privada sea intrínsecamente mejor que el Estado, tampoco porque el mecanismo sea perfecto.
Sino porque permite combinar capacidad fiscal pública con recursos, conocimiento técnico, organización y capacidad ejecutora privada para intentar conseguir algo que debería parecernos bastante elemental: que las necesidades de la población se conviertan más rápidamente en soluciones.
El Estado debe determinar qué necesita el país y garantizar que el interés público prevalezca.
Pero renunciar a la capacidad privada cuando esta puede contribuir a ejecutar mejor, más rápido y con mayores incentivos de cumplimiento simplemente no parece razonable.
Tenemos una capacidad OxI cercana a S/ 69 mil millones.
Por tanto, quizá la pregunta que deberíamos plantearnos ya no sea si Obras por Impuestos funciona.
La pregunta debería ser:
¿por qué no la estamos aprovechando todavía mucho más?
✍️ Mg. Ermo Mac Dowall Muñoz Tributarista, Especialista en Contabilidad, Finanzas y Fiscalidad Internacional.